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¿Por qué a las autoridades fiscales españolas no les gusta (o parece no gustarles) la economía colaborativa? El episodio Wallapop

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Opinión

¿Por qué a las autoridades fiscales españolas no les gusta (o parece no gustarles) la economía colaborativa? El episodio Wallapop

El pasado mes de diciembre se publicó una contestación a una consulta de la Dirección General de Tributos (DGT)[1] en la que se señalaba que las ventas a través de una página web  de objetos y enseres personales y familiares de segunda mano están gravadas, sea cual sea su importe, por un impuesto.  La noticia no ha resultado del todo inédita entre otras cosas porque no es la primera vez que Hacienda centra su atención en la economía colaborativa. En los últimos años se están dedicando importantes recursos humanos y materiales con el objetivo de recaudar impuestos de este nuevo sector de la economía.

España, a la cola en cuanto a impulso del sector

Mientras que la Comisión Europea aboga y propone a los Estados miembros “liberar el potencial de la economía colaborativa”, aumentando la sensibilidad sobre las obligaciones fiscales, informando a los administradores fiscales sobre los modelos de empresa colaborativa, publicando orientaciones, reduciendo la carga administrativa para las actividades colaborativas y aumentando la transparencia a través de información[2], en España la economía colaborativa ha sido incluida en los Planes de control tributario de los últimos años. Se extiende también la idea, injustificada, de que todo lo relacionado con este sector es, en cierto modo, economía sumergida.  Además, por si ello no fuera suficiente, la confusión se ha extendido hasta el punto de que se están etiquetando como “colaborativos” modelos de negocios en los que el servicio subyacente corresponde más bien a una economía de demanda de servicios profesionales, tal y como sucede con las plataformas dedicadas al reparto de comida a domicilio.



La cooperación entre autoridades fiscales y empresas colaborativas, recomendada también desde las instancias comunitarias, ha sido entendida por el Ministerio de Hacienda español, exclusivamente, como la necesidad de un mayor control. Por ello, con el fin de prevenir el fraude fiscal  (que parece presumirse en estas plataformas), también se ha establecido de forma unilateral una obligación de información específica para aquellas que intermedien en la cesión del uso de viviendas con fines turísticos (nuevo artículo 54 ter del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria). 

Es cierto que esta obligación ya existe en otros países. Sin embargo el contenido de la información y el modo en que ha establecido son bien diferentes a los llevados a cabo en nuestro país donde no ha habido un diálogo satisfactorio con las plataformas, y existen sospechas acerca de su adecuación con los principios básicos de Derecho comunitario o con la Directiva comunitaria de protección de datos. Tampoco se ha dado un plazo de cadencia (de cuatro años en Francia) para que las plataformas puedan adaptarse de forma progresiva[3].

Tasa Wallapop

Ahora, el nuevo episodio se llama “tasa Wallapop” en lo que, en mi opinión, podría calificarse como un nuevo globo sonda para la economía colaborativa y que revela, a su vez, que, de alguna forma, al gobierno español no le gusta, no le parece gustar o quizás no entienda muy bien qué es la economía colaborativa.

Varias apreciaciones voy a permitirme realizar en relación con este nuevo sendero abierto por la administración fiscal española. La primera, la denominación. Inicialmente algunos la bautizaron como la “tasa Wallapop”. Sin embargo, es una figura impositiva con bastante arraigo en nuestro sistema fiscal, creada hace ya varias décadas. El impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas (ITPO) está regulado en una Ley del año 1993 y, en el caso de ventas de bienes muebles, como recordó la DGT en la contestación a la consulta que comentamos, es de un 4 por ciento (salvo que la Comunidad Autónoma haya establecido otro porcentaje, que normalmente es superior).

No es posible exigir un impuesto en base a una presunción

El segundo aspecto llamativo es la interpretación que se ha dado a la contestación a la consulta de la DGT. Parece que el debate (y el globo sonda al que me acabo de referir) solamente se refiere a una única plataforma digital: Wallapop. La contestación, sin embargo, aborda fiscalidad de las ventas realizadas a través de páginas webs lo que incluiría a otras como Amazon, Ebay o Viboo, por citar algunos ejemplos de los más conocidos. Esto nos lleva a un tercer problema: el tratamiento fiscal indiscriminado de todas estas plataformas que, como es sabido, tienen un funcionamiento diverso. Se ha extendido también cierta confusión al entender que el simple hecho de anunciar en una plataforma implica, de por sí, una venta. Sin embargo, esto no es así, obviamente.

Centrándonos en Wallapop (que parece ser la principal destinataria de la contestación a la consulta de la DGT), la mayoría de las operaciones realizadas por los particulares son perfeccionadas a través de otros medios, como el teléfono, el WhatsApp o incluso personalmente. Es decir, la plataforma publicita anuncios. Muchos son anuncios de ventas pero otros muchos son intercambios de bienes personales o familiares usados, de valor escaso. La plataforma tampoco intermedia en la transacción y no participa en el importe de los ingresos obtenidos por los particulares. Estos datos son relevantes desde el punto de vista fiscal en la medida en que no es posible exigir un impuesto en base a una presunción (como sería entender que un anuncio o una “oferta genérica” es equivalente a una venta de un bien) ni tampoco hacer responder a la plataforma por transacciones en las que ni intermedia ni conoce.

La cuarta observación, que remarca lo anterior, es que no se entiende por qué la noticia acerca de la resolución comentada de la DGT ha sido difundida con tanto alcance, y con tanta primicia, creando la ficción de que las ventas realizadas a través de las plataformas digitales como Wallapop presentan peculiaridades o rasgos distintivos que las hacen dignas de un trato especial. Estas especialidades, sin embargo, no existen. Como tampoco existe una “nueva tasa” que haya sido creada ex professo para Wallapop. Como se ha indicado antes, la venta de objetos y enseres personales y familiares de segunda mano lleva siendo gravado desde hace algunas décadas a través del ITPO. Nada cambia que las ventas se hagan ahora a través de plataformas digitales. El tratamiento fiscal es el mismo si la venta se realiza a través de una web, o a través de una plataforma digital o a través de anuncios en un tablón de una Universidad o del “boca a boca”.

Lo anterior me sitúa en otra apreciación: convendría preguntarnos si, desde la aprobación del ITPO, año 1993, el fraude fiscal que se ha venido produciendo en la venta de bienes usados por particulares, utilizando “plataformas tradicionales”, ha sido perseguido con el mismo tesón que el que ahora se dedica a las plataformas digitales.

Por último, indicar también que, a pesar de que la DGT sea un organismo estatal, encargado de dictar resoluciones interpretativas o aclarativas, es preciso recordar que esta no-nueva “tasa Wallapop” (ITPO) no es gestionada actualmente por el Estado. Tanto la regulación del tipo de gravamen como la gestión del impuesto (lo que comprende, entre otros, su recaudación, su inspección e incluso la posibilidad de realizar comprobaciones de lo valores declarados por el contribuyente) es competencia de las Comunidades Autónomas. Son éstas, y no el Estado, a quienes les corresponde perseguir el fraude fiscal. También, dándole la vuelta a lo sucedido, tendría competencias para crear tipos de gravamen reducidos en el ITPO para las ventas realizadas, por particulares, de bienes personales o familiares usados, de escaso valor, lo que fomentaría la economía colaborativa. Es otra posibilidad.

Propuestas para una fiscalidad justa

En cualquier caso, volviendo a las recomendaciones de la Comisión Europea y pensando en la regulación de la economía colaborativa en otros países de nuestro entorno (por ejemplo, Italia), considero que, junto con la persecución del fraude fiscal existente, las autoridades fiscales españolas deberían apostar también por la simplificación de las obligaciones tributarias, reduciendo las cargas administrativas para las empresas y para los particulares-prosumidores lo que a corto plazo también sería una importante herramienta de prevención de ese fraude. En el mismo sentido, la actuación de las administraciones fiscales debería dirigirse al objetivo de la eficiencia y economía, no malgastando los recursos públicos en recaudar impuestos de cuantía irrisoria.

La actuación de las administraciones fiscales debería dirigirse al objetivo de la eficiencia y economía

Esto significa que, tratándose de operaciones de pequeña cuantía, como lo son las ventas por particulares (no por empresarios) de enseres personales y familiares, que están usados y cuya vida útil toca su fin (o es ya inexistente), no tiene sentido obligar a la ciudadanía a autoliquidar un impuesto de un 4 por cierto del precio de la venta y a presentar una declaración, en el modelo correspondiente de la Comunidad Autónoma (modelo 600), con el añadido de los conocimientos, tiempo y esfuerzo que ello exige. Un sistema tributario que pretenda ser justo, como el nuestro, tal y como está configurado constitucionalmente, no puede usarse para gravar este tipo de manifestaciones, insignificantes, de capacidad económica. Tampoco una administración fiscal eficiente puede permitirse gastar el dinero público recaudando impuestos de las operaciones descritas.

Por todo lo anterior, sería más que conveniente establecer una especie de franquicia o exención fiscal para este tipo de operaciones siempre y cuando su importe no supere determinada cuantía. Este tipo de franquicias ya existen en nuestro país. Por ejemplo, en el ámbito del IVA, existe una exención a las importaciones de bienes de escalo valor. Igualmente, muchos países de nuestro entorno han apostado, además del control tributario de las plataformas digitales, por las franquicias que fomentan el auténtico consumo colaborativo, especialmente en el ámbito de la vivienda o alojamiento turístico. Estas franquicias han supuesto que la balanza esté equilibrada, contribuyendo a la seguridad jurídica de todos los operadores y conciliando todos los intereses en juego.

Diferenciar para regular con criterio

La mal denominada tasa Wallapop debe hacernos reflexionar, por último, sobre la necesidad de regular un concepto legal de economía colaborativa consensuado, a fin de aclarar malos entendidos, y de distinguirla de la economía bajo demanda y de la economía de acceso[4]. Sin una definición precisa podemos llegar a situaciones injustas, como es el caso que analizamos.

La venta por particulares de bienes personales o familiares, de escaso valor y de segunda mano reúne todas las notas de una operación típicamente colaborativa, en la que no existe ningún afán de lucro o enriquecimiento y que permite un aprovechamiento eficiente y sostenible de bienes y recursos ya existentes e infrautilizados así como la creación de redes sociales de solidaridad, basadas en la confianza mutua. La interposición de una plataforma digital no altera los matices ni las características que se acaban de destacar, respecto de las ventas realizadas por los particulares.

Esperemos que las autoridades fiscales españolas opten por un cambio de estrategia, que comience por comprender todos los perfiles de la economía colaborativa (como economía alternativa, benefactora del acceso al uso o a la posesión de bienes, derechos o servicios, y no de su propiedad) y de aprehender todas sus manifestaciones. Solo así podrá abordarse oportunamente su fiscalidad, como contribución al sostenimiento de los gastos públicos y no como penalización. La ciudadanía y la Unión europea lo esperan.

[1] http://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V2170-17

[2] https://ec.europa.eu/docsroom/documents/16881/attachments/2/translations/es/renditions/pdf.

[3] https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/02/15/companias/1518695358_722339.html

[4] https://www.adigital.org/media/plataformas-colaborativas.pdf.

Foto de portada by unsplash-logorawpixel.com

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Mercedes Ruiz Garijo

Profesora de la Universidad Rey Juan Carlos y Experta en Fiscalidad y Economía Colaborativa

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