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“Que inventen ellos”, o por qué España no es país para emprendedores

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Opinión

“Que inventen ellos”, o por qué España no es país para emprendedores

En España, la máxima que puso en valor Miguel de Unamuno hace más de 100 años sigue vigente. “Que inventen ellos” se ha convertido en el grito de guerra de nuestro país, auspiciado por políticas que constriñen el talento patrio y favorecen modelos arcaicos frente a la disrupción que abrazan todos los países de nuestro entorno. El Real Decreto de Hacienda del pasado 29 de diciembre sobre las obligaciones de información para las plataformas digitales es un nuevo ejemplo de ello.

Huida de talento

La emigración de lo mejor de nuestro país no es sólo producto de la crisis. Para poner en marcha un proyecto hace falta, entre una infinidad de requisitos, una idea, un equipo, financiación, mucho ánimo y seguridad jurídica. Esto último es responsabilidad de cargos públicos a los que todos pagamos el sueldo con nuestros impuestos. Cuando no existe esa seguridad, no sólo se resienten las inversiones recibidas por el país que no adopta medidas para corregirlo, también afecta a los proyectos internos que se ponen en marcha.

Solo en la Unión Europa hay varios países – 10 por encima de España en el índice del Banco Mundial de facilidad para hacer negocios – que abren sus puertas – y sus inversiones – a emprendedores con buenas ideas y ambición por el éxito. Países que ofrecen facilidades para poner en marcha un proyecto. Que entienden que los comienzos son duros y que la facturación tarda en llegar. Que saben que la burocracia excesiva es una barrera a la innovación. Que quieren crear riqueza a través de la generación de valor, no de exprimir a quien quiere generarla. En resumen, países que no son España.

Real Decreto para fomentar el emprendimiento…fuera de nuestras fronteras

Todo esto viene por el Real Decreto de Hacienda del pasado 29 de diciembre, y con entrada en vigor el 1 de enero del presente año, por el que se introducían, entre otros temas, las nuevas obligaciones de información para las plataformas digitales que intermedian en el arrendamiento de viviendas con fines turísticos en nuestro país. Todo ello bajo el manto de la lucha contra el fraude fiscal. Fraude, que, dicho sea de paso, es una lacra contra la que se debe luchar a todos los niveles.

Un Real Decreto que, según consideran Adigital, Sharing España y otros expertos, es contrario a la Directiva de Comercio Electrónico, a la Directiva de Normas y Reglamentaciones Técnicas y a la Directiva de Servicios y que podría no cumplir con las regulaciones vigentes en materia de protección de datos. Todo muy “Marca España”.

Que Hacienda pida información es algo que tiene todo el sentido del mundo, y así lo recoge el art. 93 de la Ley General Tributaria. Hacer uso de la trazabilidad que ofrecen algunas de estas plataformas – y que hacen aflorar lo que antaño era un pozo sin fondo de fraude fiscal – es inteligente. El problema viene cuando esas exigencias no tienen sentido y las multas por incumplimiento llegan hasta los 2,4 millones de euros. Unas exigencias que no tienen en cuenta los diferentes modelos de negocio existentes hoy día, que van desde el transaccional, donde se recoge información de las transacciones realizadas, hasta el de la membresía, donde no hay información de las transacciones, por mencionar algunos de ellos.

Información a disposición de Hacienda

Cabe decir que las plataformas ya ofrecen la información de la que disponen (aquí el ejemplo de Airbnb) a diferentes administraciones públicas – de otros países que han aceptado esa colaboración, por supuesto – para luchar contra el fraude fiscal. Entre otros datos, las que disponen de ellos, ofrecen información sobre la transacción económica realizada, la identificación del usuario y la del inmueble objeto de la transacción. A estos datos, esenciales en la lucha contra el fraude, se han unido otros que, según diversos expertos en la materia, no tienen ningún sentido. Estas nuevas exigencias serían, por ejemplo, la de identificar a los viajeros que se alojan en esas viviendas -cosa que los hoteleros no tienen que comunicar más que a la policía por temas de seguridad- o la referencia catastral del inmueble.

Como a veces -sobre todo cuando viene de lo público- sí que es mejor que inventen otros, dejo aquí un extracto de las exigencias de la Hacienda francesa (art. 24) sobre la misma materia y con el mismo fin recaudatorio:

  • Para una persona física: apellidos, nombre y fecha de nacimiento del usuario
  • Para una persona jurídica: nombre de la empresa, dirección y CIF
  • Dirección de email del usuario
  • Estatus de persona física o jurídica
  • Cantidad total de ingresos obtenidos por el usuario durante el año fiscal bajo las actividades producidas en la plataforma o pagadas a través de ella
  • La categoría de los ingresos ganados

Como vemos, piden los datos necesarios (quién, cuánto y cómo) para realizar la esencial función de recaudar impuestos. Y dando, además, un periodo de adaptación de dos años tras la publicación de la normativa.

El Consejo de Estado entra en acción

Por si esto no fuera todo, el Consejo de Estado -a los que también pagamos el sueldo con nuestros impuestos- también se ha unido a la ola colaborativa y nos suelta estas perlas:

Dictamen del Consejo de Estado en su apartado V de observaciones, letra b) “Extensión de la obligación de información a otras plataformas colaborativas” reza lo siguiente: Se ha puesto de manifiesto a lo largo de la tramitación del expediente que debería extenderse la nueva obligación de información que se impone por el nuevo artículo 54 ter del RGAT a las plataformas colaborativas de cesión de viviendas con fines turísticos a otras plataformas colaborativas que intermedien otros productos y servicios (uso compartido de automóviles, compraventa de bienes usados, compraventa de coches, etc.). Se ha señalado que en estos otros casos existen idénticos problemas de fraude fiscal y que debería aprovecharse esta modificación del RGAT para extender la obligación informativa en general a todo tipo de plataformas colaborativas de bienes, productos y servicios.

Y, finalmente, contempla lo siguiente en su letra f) “Regulación integral”: Por último, el Consejo de Estado estima necesario destacar que sería conveniente abordar, cuanto antes, la regulación de las plataformas colaborativas y de la economía colaborativa. Se considera que es urgente establecer los principios jurídicos que rijan estas nuevas realidades y dotar de seguridad jurídica a un sector de la economía que en los últimos años ha experimentado un crecimiento exponencial. La perspectiva que dicha regulación adopte deberá ser, en todo caso, integral, teniendo en cuenta las múltiples implicaciones que la economía colaborativa tiene a todos los niveles, jurídicos, económicos, políticos y sociales.

¿Economía Colaborativa?

Es decir, que sin saber aún qué es y qué no es economía colaborativa, y quién forma parte del sector, y mejor aún, sin tener ellos ni idea de qué es, como bien dejó claro el Ministro de Agenda Digital, quieren ponerse a regularlo. Cabe destacar aquí que, sin ser un término jurídico, el Real Decreto objeto de este artículo se refiere a “plataformas colaborativas”, lo cual no deja de ser interesante para todo jurista y para los del sector.

Viendo la extensión a los diferentes subsectores con la que amenaza el Consejo de Estado, estas medidas podrían afectar a toda la economía colaborativa que, por una parte ya representa el 1,4% de PIB y, por otra, tiene un impacto positivo en el medioambiente, que se verá reducido.

Efectos en el turismo

Además de los efectos más arriba expuestos, la inseguridad jurídica que ofrece este Real Decreto tanto a plataformas actuales, como a emprendedores potenciales, como a los mismos usuarios, puede afectar muy negativamente a nuestra principal industria. Esta inseguridad jurídica afectará al turismo, especialmente en zonas donde no hay una planta hotelera o alojativa tradicional suficiente para atraer turistas, y que se estaba viendo beneficiada directa (propietarios de viviendas) e indirectamente (oferta complementaria) a través de la actividad que se produce en las plataformas.

Por último, y no por ello menos grave, aún siendo nuestra principal industria y siendo España una potencia mundial en el sector turístico, a nivel digital aún dependemos principalmente de empresas extranjeras. Aunque supongo que esto estará ligado a las palabras de Unamuno que tan bien han abrazado los cargos públicos a los que, por si no os habíais enterado, pagamos el sueldo con nuestros impuestos.

Foto de portada by unsplash-logoPelly Benassi

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Fundador de startupscolaborativas.com y conector en OuiShare. Emprendedor y consultor especializado en el sector colaborativo. Entusiasta de los sistemas que empoderan a las personas, los modelos de negocio innovadores y los emprendedores sin miedo a equivocarse. Sígueme en twitter @PakoBautista

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